martes, 14 de octubre de 2014

El crimen de Ayotzinapa

La escuela formadora de maestros rurales “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en Ayotzinapa, un pueblo alejado de la mano de Dios perteneciente al Estado de Guerrero (suroeste de México), ha sido noticia en estos días por uno de esos crímenes absurdos que parece sacado de un texto de historia medieval. Ayotzinapa, que en 2010 contaba con una población de apenas 84 habitantes, destaca en el mapa de la región por la presencia de esta escuela rural, institución con una matrícula aproximada de 500 estudiantes internos. A tres horas de la Ciudad de México, tomando por una carretera secundaria, la escuela remonta su historia a los tiempos de la revolución mexicana y su intento por llevar educación a los territorios más desgraciados del país.

Quizás por eso, la normal de Ayotzinapa piensa a la izquierda. Basta ver los muros decorados con imágenes de Marx y el Che Guevara. En Ayotzinapa se habla de Fidel Castro y de la revolución cubana, del México insurgente de los zapatistas. Se lee El Capital de Marx y se recita a Roque Dalton. Los muchachos, que rondan entre los 18 y los 23 años, son hijos en su mayoría de pobres campesinos, gente sin suerte que, parafraseando a Rubén Darío, “aun reza a Jesucristo y aun habla en español”.

Para entender por qué los jóvenes de Ayotzinapa creen en las ideas libertarias del Che, en la movilización social y en la dignidad plena de los hombres, no hay que pensar en la intervención divina de un dios proletario. Nacen y crecen en una tierra sin suerte, contaminada por el virus mortal del narcotráfico, una plaga que, aprovechándose de la debilidad del Estado nacional, ha penetrado hasta los tuétanos en las estructuras de poder locales. México es, en pleno siglo XXI, un país feudal, y los narcotraficantes, modernos señores de la guerra, se reparten condados y baronías a lo largo del ancho corredor de la cocaína, el cual se extiende por la costa del Pacífico, sangre mediante, desde Centroamérica a la frontera con los Estados Unidos, el mayor consumidor de estupefacientes a nivel mundial.

En la tarde del viernes 26 de septiembre, 150 estudiantes de la escuela formadora de maestros rurales de Ayotzinapa se desplazaron en dos autobuses al cercano pueblo de Iguala, con el objetivo de recabar fondos para participar en la marcha que cada 2 de octubre congrega a miles de personas en el Zócalo del Distrito Federal, fecha en la que se conmemora la famosa matanza de estudiantes y obreros en la Plaza de Tlatelolco, ocurrida hace ya 46 años. Serían los muchachos de Ayotzinapa los próximos masacrados.

A esa misma hora, la primera dama de Iguala, María de los Ángeles Pineda, estaba en el zócalo (plaza mayor) de la ciudad rindiendo informes acerca de su gestión al frente de un programa estatal conocido por sus siglas, DIF (Desarrollo Integral de la Familia). Esta actividad se consideraba un primer paso en sus ambiciones para ocupar la alcaldía en las elecciones municipales de 2015, actualmente en manos de su esposo, José Luis Abarca. Este último pasó en pocos años de vendedor local de sombreros de paja y sandalias, a empresario y figura pública, en una fulgurante carrera política que lo llevó a la alcaldía de Iguala, municipio de 130 mil habitantes y tercera ciudad del Estado de Guerrero.

María de los Ángeles tenía tres hermanos vinculados al mundo del narcotráfico. Dos de ellos ejecutados en 2009, cuando intentaron romper con Arturo Beltrán Leyva, uno de los grandes capos del narcomundo mexica, considerado Jefe de Jefes, Capo di tutti capi. Otro de sus hermanos, recientemente apresado, ya cumplió pena por narcotráfico y se presume que es uno de los cabecillas de los llamados Guerreros Unidos, el cartel local del crimen organizado.

Las relaciones entre los alcaldes de Iguala y los normalistas rurales son más que tensas, los estudiantes son uno de los pocos actores sociales de la región que plantan cara a una estructura de poder institucional controlada por la mafia. No los masacraron por ser pichones de izquierdistas. No los desaparecieron por leer El Capital. Los aplastaron por ser una organización medianamente estructurada frente al naco-orden, frente a la para-política, frente a la ley de la selva, a la ley de la no ley.

La esposa del alcalde no iba a permitir que 150 desarrapados le plantaran cara. Solicitó al director de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, que impidiera la entrada de los jóvenes al zócalo. La orden fue cumplida. Los muchachos, después de intercambiar gritos y algunos golpes con la policía, se replegaron a la estación de autobuses, donde se hicieron de tres vehículos, en los cuales emprendieron el camino de regreso al plantel. A la salida de la ciudad los agentes emboscaron a los estudiantes, quienes se defendieron a pedradas y lograron romper el cerco. Al enterarse de lo ocurrido, el alcalde en persona ordenó a la policía organizar un escarmiento.

Varias patrullas de la policía local, con el apoyo de efectivos paramilitares de los Guerreros Unidos, interceptaron la caravana. Estos se negaron a estacionarse y las patrullas sin más abrieron fuego. En este primer ataque resultaron heridos cinco estudiantes, uno de los cuales falleció en el transcurso de la noche. Pocos minutos más tarde, los policías municipales, ayudados por civiles también armados, detuvieron un autobús particular de la empresa Castro Tours. En el autobús se encontraban varios jóvenes -después se supo que eran jugadores de un equipo de fútbol- pero policías y paramilitares los confundieron con estudiantes de Ayotzinapa, y sin que se les diera el alto, arremetieron contra ellos. En el hecho murió David Josué García Evangelista, un joven de 15 años, jugador del equipo de tercera división “Los Avispones” de Chilpancingo. Las ráfagas de ametralladora alcanzaron a un taxi colectivo que pasaba por el lugar, falleciendo el conductor del mismo y una de sus ocupantes.

Al día siguiente, los estudiantes convocaron a una rueda de prensa en el mismo lugar de los sucesos. Frente a los propios periodistas que cubrían el evento un grupo de civiles se situó en la acera de enfrente y disparó varias ráfagas hacia los congregados. La gente salió huyendo despavorida. En el campo quedaron otros dos muertos, ambos estudiantes de nuevo ingreso. Los cadáveres permanecieron en el lugar hasta las 3 de la mañana.

Después de este nuevo acto violento, 43 estudiantes de la escuela formadora de maestros de Ayotzinapa no regresaron esa noche ni a la escuela ni a sus casas. Hoy continúan desaparecidos. La narco-policía se los llevó, nadie sabe a dónde.

Autoridades federales detuvieron a 22 policías municipales acusados de participar en los hechos. Fueron trasladados al penal de Acapulco, bajo la vigilancia de las fuerzas armadas, debido a que familiares y amigos de los policías amenazaron con rescatarlos. Por su parte, los narcoalcaldes de Iguala se dieron a la fuga. El jefe de la policía local está también en paradero desconocido.

No es la primera vez que Ayotzinapa pone muertos en luchas sociales. En 2011, fueron asesinados dos estudiantes que protestaban en una carretera. Hasta el momento se han localizado diez fosas clandestinas, en una zona donde los muertos del narco aparecen con más frecuencia que los yacimientos de petróleo.

El crimen de Ayotzinapa ha logrado movilizar a la sociedad civil mexicana, así como a numerosas figuras y organizaciones internacionales. Pero logró algo más: poner en evidencia las debilidades de un modelo de organización estatal más cercano a la atomización feudal característica del antiguo virreinato, que a un organismo que pueda garantizar el imperio de la ley. La reacción conservadora invoca a Hobbes, el teórico inglés del absolutismo monárquico, y pide la llegada de un Leviatán que garantice paz, progreso e inversiones. Un Estado que emprenda la cruzada contra el narco, lo que intentó hacer Felipe Calderón en su sexenio y terminó con 10 mil muertos y un país aún más violento. Otros, Rousseau en mano, abogan por el derecho a la rebeldía ante un Estado caduco que no respeta los principios fundamentales del contrato social, si es que alguna vez lo hubo, entre una casta gobernante y una mayoría gobernada. Piden la refundación de un orden moderno periférico, inconcluso, colonial y tardío.

Mientras tanto, 43 nuevas víctimas del narcomundo esperan justicia en el limbo de los desaparecidos.

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